Si estás activo en una red social, en especial las de video, seguro te habrás encontrado contenido sobre boomers vs millennials vs centennials y etc. Esta confrontación genera una acusación que circula cada vez con más fuerza en los análisis económicos de Europa occidental, y que The Economist acaba de poner en términos muy directos: la generación de los baby boomers -nacidos entre 1945 y 1965- habría disfrutado de las mejores condiciones económicas de la historia reciente y estaría dejando la factura a sus hijos y nietos: vivienda inasequible, pensiones insostenibles, deuda pública acumulada y demografía en colapso, todo eso unido es la receta para un desastre social. El diagnóstico es duro y los números que lo respaldan son reales, pero antes de convertir este análisis en un juicio moral sobre una generación, vale la pena hacer algo que los titulares rara vez hacen: entender el contexto en el que cada generación tomó sus decisiones, y por qué el problema de fondo no es de quién fue la culpa, sino qué hacemos ahora con un contrato social que ya no funciona.
Lo que los boomers encontraron al llegar
Los baby boomers no nacieron en la abundancia sino en la reconstrucción, después de la Europa de posguerra que era un continente literalmente en ruinas, con millones de desplazados, economías destruidas y una incertidumbre política que no tenía precedentes modernos. Lo que vino después -el llamado milagro económico europeo de los años cincuenta y sesenta- fue una combinación de factores que difícilmente volverán a darse juntos: reconstrucción masiva financiada con el Plan Marshall, una base demográfica joven y numerosa, acceso a energía barata, expansión del comercio internacional y la construcción de un Estado de Bienestar que fue, en su momento, una respuesta racional a la miseria que había precedido la guerra.
En ese contexto, comprar una casa era accesible no porque los boomers fueran más inteligentes o más disciplinados, sino porque los precios del suelo no reflejaban décadas de especulación acumulada, porque las tasas de interés hipotecario eran compatibles con salarios de clase media y porque la relación entre el precio de una vivienda y el ingreso anual de una familia era radicalmente distinta a la de hoy. Jubilarse a los 60 con una pensión generosa no era un privilegio arrancado a la fuerza: era el resultado de un pacto político que, en aquel momento, parecía sostenible porque había más de cinco trabajadores activos por cada jubilado, por lo que el sistema funcionaba con esa aritmética, y el problema es que nadie ajustó las reglas cuando la aritmética cambió.
Lo que los millennials y la generación Z encontraron al llegar
Las generaciones que llegaron después -millennials nacidos entre 1981 y 1996, y la generación Z a partir de 1997- no heredaron un continente destruido ni uno en reconstrucción, sino un territorio que ya había capturado la mayor parte de sus ganancias fáciles y que había trasladado los costos del bienestar presente hacia el futuro, uno que está cobrando factura hoy.
El resultado es una acumulación de desventajas estructurales que no tienen que ver con la actitud ni con el esfuerzo individual, porque los precios de la vivienda en las principales ciudades europeas han crecido durante décadas a un ritmo muy superior al de los salarios, lo que significa que la brecha entre el ingreso de un trabajador joven y el costo de una entrada hipotecaria se ha vuelto, en muchos casos, matemáticamente imposible de cerrar sin herencia familiar. La proporción de trabajadores activos por cada jubilado ha caído de más de cinco a apenas dos y medio, lo que convierte el sistema de pensiones de reparto -donde los trabajadores de hoy pagan las pensiones de hoy- en una estructura que exige transferencias crecientes de los jóvenes hacia los mayores; y el gasto público en envejecimiento ya consume alrededor del 25% del PIB de la Unión Europea, una cifra que seguirá creciendo conforme la pirámide demográfica continúa invirtiéndose.
A eso se suma algo más complicado pero igualmente real: la sensación de que el esfuerzo ya no escala de la misma manera: una generación anterior podía, con trabajo constante y sin educación universitaria, comprar una casa, criar hijos y jubilarse con comodidad. Hoy, con títulos universitarios y en muchos casos con posgrados, millones de jóvenes europeos llegan a los treinta años viviendo con sus padres, con contratos temporales y con la certeza de que las pensiones que pagarán a lo largo de su vida activa serán mucho más generosas para la generación anterior que para ellos mismos, eso no es ingratitud ni victimismo: es aritmética.
El verdadero problema: un contrato social que nadie actualizó
Convertir esta tensión en un conflicto entre generaciones es tentador pero improductivo, porque los boomers no diseñaron el sistema de pensiones para extraer recursos de sus nietos; tomaron las reglas que encontraron y vivieron dentro de ellas. Los jóvenes de hoy no son más impacientes ni más frágiles que las generaciones anteriores sino que están operando en condiciones estructuralmente distintas que limitan sus opciones de manera objetiva. El problema real es que el contrato social europeo -construido sobre supuestos demográficos, económicos y fiscales que ya no existen- nunca fue formalmente revisado cuando esos supuestos cambiaron.
Los sistemas de pensiones fueron diseñados para una Europa con tasas de natalidad altas y longevidad moderada, muy parecido a lo que está sucediendo en Ecuador que en 1950 tenía 6 hijos por mujer y para 2026 es 1,7 hijos por mujer. Hoy tienen longevidad alta y natalidad en mínimos históricos, así que los mercados de vivienda operan bajo marcos regulatorios y fiscales que incentivan la acumulación especulativa del suelo en lugar de su uso productivo. Los sistemas políticos, como señala The Economist, tienen una distorsión estructural: la mediana de edad de los votantes en países como Francia ya supera los 52 años, lo que significa que los partidos que priorizan pensiones y servicios para adultos mayores tienen un incentivo electoral directo que no tienen quienes proponen reformas que beneficiarían principalmente a los jóvenes.
Lo que esto significa más allá de Europa
Este debate no es exclusivamente europeo, pues en América Latina, y particularmente en economías como la ecuatoriana, los sistemas de seguridad social enfrentan presiones similares aunque con distinta escala y contexto. La informalidad laboral reduce la base de cotizantes, mientras esperanza de vida aumenta superando los 80 años. Las tasas de reemplazo -la proporción entre el último salario activo y la pensión recibida- son insostenibles en el mediano plazo sin reformas profundas, y el acceso a vivienda para las generaciones más jóvenes se complica conforme el crédito hipotecario no crece al ritmo de los precios del suelo urbano.
La diferencia es que en Europa el problema ya está maduro y visible. En otros contextos, todavía hay margen para anticiparlo, lo que implica reformar los sistemas de pensiones hacia esquemas de capitalización individual o mixtos que no dependan exclusivamente de la demografía futura, diseñar políticas de vivienda que desacoplen el precio del suelo de la especulación financiera, invertir en productividad y en las condiciones que hacen posible que las familias jóvenes tengan hijos si así lo deciden, y construir sistemas fiscales que distribuyan las cargas del envejecimiento de manera más equilibrada entre generaciones.
El análisis de The Economist es duro, pero hay que incomodarnos como primer paso hacia conversaciones que los sistemas políticos demasiado a menudo evitan. No se trata de culpar a quienes vivieron bien dentro de las reglas que encontraron, sino de reconocer que esas reglas ya no sirven y el costo de no cambiarlas lo pagan quienes menos voz tienen en el sistema, y que posponer esa conversación no la hace menos necesaria: solo la hace más cara.
