USD 25.000 millones al año en trabajo doméstico y de cuidados sostienen al país desde la invisibilidad. Las mujeres producen el 75% de esa riqueza sin que nadie les pague un centavo por hacerlo.
Hay un sector económico en Ecuador que supera al comercio, triplica a la administración pública, cuadruplica a la minería y rivaliza con todo lo que el petróleo y la manufactura aportan juntos al Producto Interno Bruto (PIB), y sin embargo no aparece en ningún presupuesto nacional, no genera empleo formal registrado, no cotiza al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no recibe subsidios ni políticas de fomento y sus trabajadores no cobran salario alguno por el tiempo que le entregan cada semana, cada mes, cada año, sin interrupción y sin contrato, porque ese sector es el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) lo mide desde hace dieciséis años con una metodología rigurosa que permite decir lo que muchos prefieren no escuchar: vale exactamente el 21% del PIB nacional, o lo que es lo mismo, alrededor de USD 25.000 millones anuales que la economía formal consume pero no compensa, que el Estado necesita pero no financia y que recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, que aportan el 75% de las horas y el 15,6% del PIB de un trabajo que la contabilidad nacional ha preferido durante décadas dejar fuera de la frontera de la producción, como si lo que no se paga tampoco existiera.
Los números del INEC permiten hacer comparaciones que deberían incomodar a cualquier formulador de política económica que los lea con atención: el trabajo no remunerado representa el 21% del PIB, el comercio formal el 16,1%, la administración pública el 7,4%, la minería y canteras el 6,7% y la manufactura de alimentos el 6,6%, lo que significa que el sector que sostiene la reproducción social del país -el que garantiza que los trabajadores tengan qué comer, que los niños estén cuidados mientras sus padres trabajan, que los adultos mayores no queden abandonados a su suerte y que los hogares funcionen como la unidad básica de la economía- es también el único sector que no recibe remuneración, no tiene representación gremial, no cotiza aportes de seguridad social y no aparece en los debates parlamentarios sobre política económica salvo en forma de declaración de principios sin consecuencias presupuestarias reales.
La distribución por género dentro de ese 21% revela la dimensión más estructural del problema: las mujeres generan el 15,6% del PIB a través del trabajo no remunerado y los hombres el 5,4%, una brecha de diez puntos porcentuales que según los datos del INEC se ha mantenido prácticamente estable durante los dieciséis años que lleva este indicador siendo medido, lo que significa que no es una fotografía coyuntural sino un patrón sistémico que ninguna de las políticas públicas implementadas durante ese período ha logrado modificar de manera significativa, porque redistribuir el trabajo de cuidados requiere algo más que declaraciones de intención: requiere infraestructura pública de cuidados, cambios culturales profundos en la distribución de las responsabilidades del hogar y medidas económicas que reduzcan la brecha salarial de género que explica en buena parte por qué, cuando una pareja tiene que decidir quién deja de trabajar para cuidar a un hijo o a un familiar, la decisión racional en términos de ingreso familiar casi siempre apunta hacia la mujer.
Las horas semanales son el dato que traduce la abstracción estadística en experiencia cotidiana: las mujeres en Ecuador dedican 28,7 horas semanales al trabajo no remunerado y los hombres 11,4 horas, lo que significa que cuando se suman las horas de trabajo remunerado a las no remuneradas, la carga global de trabajo semanal de una mujer promedio alcanza las 62,7 horas -34 remuneradas más 28,7 domésticas- frente a las 51,4 horas de los hombres, una diferencia de más de once horas semanales que se acumulan año tras año y que tienen consecuencias directas y medibles sobre las oportunidades de formación, desarrollo profesional, emprendimiento, acumulación de ahorros, acceso a crédito y construcción de patrimonio propio, porque once horas semanales es tiempo que no se puede destinar a estudiar, a hacer networking, a desarrollar un negocio, a descansar o simplemente a existir fuera de la economía del cuidado que la sociedad asignó sin preguntarles.
Lo que estos números también revelan es una paradoja económica de fondo que Ecuador comparte con el resto de América Latina, donde el trabajo de cuidados no remunerado equivale también al 21% del PIB en promedio regional: la economía formal no podría funcionar sin el subsidio invisible que representa la economía del cuidado, porque son las horas de trabajo doméstico no remunerado las que permiten que los trabajadores formales lleguen cada mañana descansados, alimentados y con sus responsabilidades familiares cubiertas, y sin embargo ese subsidio no aparece en ninguna cuenta de resultados empresarial, no genera ninguna obligación fiscal para quienes se benefician de él y no activa ningún derecho de seguridad social para quienes lo proveen, que son mayoritariamente mujeres que en muchos casos dedican la mejor parte de su vida productiva a una labor que el sistema económico valora en exactamente cero dólares por hora trabajada.
Visibilizar el valor económico del trabajo no remunerado no es un ejercicio académico ni una reivindicación simbólica: es la condición previa para poder diseñar políticas que modifiquen la estructura que lo produce, porque lo que no se mide no se gestiona, y lo que no se gestiona no cambia, y lo que no cambia son once horas semanales que las mujeres ecuatorianas llevan dieciséis años poniendo de su tiempo en una economía que las necesita pero no las compensa, que las cuenta en las estadísticas de cuidado pero no en las de productividad, que celebra su aporte cuando conviene políticamente pero no lo traduce en infraestructura pública de cuidados, en cotizaciones de seguridad social para el trabajo doméstico no remunerado, en servicios de cuidado infantil universales o en medidas concretas que redistribuyan la carga hacia los hombres y el Estado, que son los dos actores que hoy reciben el beneficio de ese trabajo sin asumir proporcionalmente su costo.
