Hay una frase que resume mejor que cualquier estadística lo que está en juego: “una cuenta no es el destino, es el comienzo”. Durante mucho tiempo entendimos el acceso al sistema financiero como un privilegio de quienes ya tenían algo que administrar, pero la evidencia -y la realidad de millones de personas en movimiento- nos obliga a ver esto otra manera: la inclusión financiera es un derecho habilitante, la llave que abre todos los demás derechos económicos. Sin ella, trabajar, cobrar un salario, pagar la escuela de los hijos o construir un futuro se vuelve una carrera con obstáculos invisibles.
El contexto: un mundo en movimiento
Las cifras globales de ACNUR a finales de 2025 dimensionan el desafío: 118 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo, de las cuales 41,6 millones son refugiadas y 9 millones solicitantes de asilo. Solo durante 2025, más de 5,4 millones de personas huyeron de su país en búsqueda de seguridad, y hay dos datos que deberían inquietarnos especialmente: el 70% se encuentra en desplazamiento prolongado -es decir, su situación no es transitoria sino una nueva vida que construir- y el 39% son niñas y niños.
Ecuador no es espectador de este fenómeno, más bien es protagonista: el país alberga a 81.500 personas refugiadas y 636.981 personas desplazadas por la fuerza. El Censo de Población y Vivienda 2022 registró 425.045 extranjeros residentes, un incremento del 118% frente al censo de 2010, con Venezuela (232.686 personas) y Colombia (97.832) como principales países de origen, y Pichincha concentrando casi el 30% de esta población. La movilidad humana transformó la realidad social y económica del país. La pregunta ya no es si estas personas están aquí; es cómo se integran a la economía para que su presencia genere bienestar para ellas y para el Ecuador.
El primer paso: una cuenta para poder vivir
Aquí es donde la inclusión financiera deja de ser un concepto técnico y se convierte en algo profundamente humano. Pensemos en el recorrido de una persona que llega desplazada: en su fase de llegada, sus necesidades son de supervivencia -asistencia en efectivo, vivienda, alimentación-, pero muy pronto aparece la primera barrera estructural: sin una cuenta bancaria, no puede recibir un salario formal, sin él, no puede arrendar una vivienda con contrato, ni demostrar ingresos, ni pagar la escuela de sus hijos con la previsibilidad que exige la vida cotidiana. Una cuenta permite mucho más que realizar operaciones bancarias: es la puerta de entrada para ahorrar, efectuar pagos, administrar recursos y participar plenamente en la economía formal.
Las necesidades financieras, además, evolucionan con la integración. De hecho, el marco presentado por ACNUR lo describe en cuatro fases: a la llegada, asistencia básica y recepción de remesas; en el desplazamiento inicial, comienza la inclusión con ahorro, remesas familiares, microcrédito de consumo y seguro de salud; en el desplazamiento prolongado, se expanden los servicios hacia microcrédito para emprendimiento y servicios de pago; y en la permanencia, las necesidades convergen con las de la población local: ahorro, pagos, crédito, seguros y servicios transnacionales. El mensaje económico es contundente: a medida que las personas se establecen, sus necesidades financieras se asemejan cada vez más a las de cualquier ecuatoriano. Excluirlas del sistema no las protege; solo las empuja a la informalidad, donde el dinero circula sin trazabilidad, sin seguridad y sin generar valor para nadie.
La regulación que abre puertas, y los resultados que ya se ven
¿Puede una regulación financiera transformar vidas? Durante décadas, la regulación se entendió principalmente como un instrumento para preservar la estabilidad del sistema. Hoy también representa una oportunidad para ampliar el acceso, eliminando barreras que impiden a muchas personas incorporarse a la economía formal. Ecuador lo ha demostrado: desde 2020, cuando se emitieron las primeras reglas para facilitar el acceso al sistema financiero de personas refugiadas, apátridas y solicitantes de protección internacional, hasta la regulación actual -fortalecida, con más documentos habilitantes y mecanismos de apertura presenciales y digitales-, las reformas no modificaron la naturaleza de los productos financieros ni redujeron los mecanismos de control. Lo que cambió fue la claridad de las reglas, reduciendo la incertidumbre para las entidades financieras y eliminando barreras de apertura de cuentas. Una buena regulación protege al sistema financiero; una gran regulación también crea oportunidades.
Los resultados hablan solos: el uso de cuentas de ahorro entre la población desplazada por la fuerza pasó del 11% en 2022 al 29% en 2023 y al 48% en 2025, según el seguimiento de ACNUR: en tres años, se cuadruplicó. Hoy, el 48,5% de los extranjeros residentes en Ecuador posee una cuenta de ahorros. Y el país avanza también en su conjunto: según el Global Findex, el porcentaje de adultos con cuenta pasó del 37% en 2011 al 64% en 2021 y al 65% en 2024. Cada punto porcentual son miles de personas que dejan de guardar el dinero bajo el colchón, que pueden recibir pagos seguros, que empiezan a construir un historial. Un sistema financiero más inclusivo también es un sistema financiero más fuerte: más bancarización significa más formalización, más liquidez en una economía dolarizada y más oportunidades para las propias entidades financieras.
La inclusión como estructura de capas: el compromiso de Fideval
En Fideval estamos genuinamente convencidos que esta conversación nos corresponde a todos los actores del sistema, cada uno desde su capa, por eso hemos facilitado nuestros recursos a ACNUR para impulsar la educación financiera en las distintas capas de esta estructura. Lo hacemos con honestidad sobre nuestro lugar en ella: sabemos que los fondos de inversión y el mercado de valores están todavía distantes de las poblaciones más vulnerables, y no pretendemos lo contrario. Lo que queremos es impulsar una conversación instruida sobre la inclusión financiera como una arquitectura progresiva: las cooperativas y los bancos toman la primera acción -la cuenta, el ahorro básico, el microcrédito-, y a medida que la persona evoluciona en el mercado, gana educación financiera y estabilidad, encuentra cada vez más facilidad para generar patrimonio, hasta llegar a instrumentos como los fondos de inversión, porque la inclusión financiera no termina cuando alguien abre una cuenta: ahí empieza, y el verdadero bienestar llega cuando esa persona, que un día llegó con lo puesto, puede no solo vivir de su trabajo sino construir un futuro con él. Ese es el país -más justo, próspero e inclusivo- que vale la pena financiar.
