La geopolítica tiene una estrategia de inversión detrás en la que hoy se ve un claro caso de cómo impulsar negociaciones entre países y cubrir intereses para ambos según sus necesidades de desarrollo. Esto es precisamente lo que estamos observando entre Estados Unidos y Venezuela, dos países que durante años parecieron incapaces de sentarse en una misma mesa y que hoy encuentran en el petróleo un punto de negociación, no necesariamente porque hayan desaparecido sus diferencias políticas, sino porque la economía suele abrir caminos que la ideología mantiene cerrados.
El acuerdo anunciado a finales de agosto de 2026 por Donald Trump ha sido presentado como el mayor acuerdo petrolero de la historia. Según la información publicada por la Casa Blanca, contempla el control mayoritario estadounidense sobre 17 yacimientos venezolanos que reúnen aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas, un volumen que representa cerca de una quinta parte de las reservas de Venezuela y que supera las reservas territoriales probadas actuales de Estados Unidos, estimadas por su gobierno en alrededor de 46.000 millones de barriles.
No estamos hablando de una operación pequeña ni de un contrato petrolero tradicional, sino de una estructura que mezcla inversión privada, seguridad energética, participación estatal, poder de decisión corporativo y reconstrucción económica. La empresa que estará en el centro de la operación es North American Blue Energy Partners, conocida como NABEP, una compañía privada que recibió concesiones para desarrollar estos campos. Aquí aparece una de las primeras diferencias entre las versiones comunicadas por ambos gobiernos: la Casa Blanca habla de concesiones de hasta 100 años, mientras desde Venezuela se ha puesto énfasis en un horizonte inicial de 25 años para el desarrollo, la inversión y la generación de ingresos fiscales.
Esta diferencia no es menor y seguramente será uno de los temas que deberán aclararse en los documentos definitivos, porque en cualquier inversión el plazo cambia por completo la manera de evaluar el retorno, el riesgo y el valor real de lo entregado. Sin embargo, hay algo más profundo que el plazo: Estados Unidos no solo asegura acceso al petróleo, también obtuvo una participación del 35% en la sociedad matriz de NABEP por medio de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa, además de derechos de gobernanza, capacidad de veto sobre la designación de directores y condiciones para que la mayoría de la junta esté integrada por ciudadanos estadounidenses.
También tendría derecho a comprar, al costo de producción, al menos el 20% del petróleo extraído y una primera opción sobre el resto. Eso significa que Estados Unidos no está simplemente comprando petróleo venezolano. Está construyendo una posición estratégica sobre el activo, sobre la empresa que lo opera, sobre su gobernanza y sobre el destino de una parte importante de la producción.
Y aquí vale la pena hacer una precisión: esto no convierte a Venezuela en parte de Estados Unidos, tampoco la convierte en el estado 51, como se ha dicho en algunos espacios con una mezcla de especulación, propaganda y humor político. Venezuela continúa siendo una nación soberana y cualquier anexión sería política, jurídica y socialmente inviable.
Lo que sí ocurre es una integración energética muy profunda, en la que una parte de la producción venezolana comenzará a funcionar dentro del sistema económico estadounidense.
¿Pero qué significa realmente que ese petróleo pase a formar parte de la producción de Estados Unidos?
No quiere decir que los yacimientos cambien geográficamente de país ni que las reservas venezolanas se sumen formalmente a las reservas territoriales estadounidenses: lo que significa es que Estados Unidos tendrá control económico, acceso preferente y capacidad de decisión sobre una producción que ocurre fuera de sus fronteras, pero que puede ser financiada con capital estadounidense, operada con tecnología y equipos de ese país, transportada hacia sus refinerías y utilizada para abastecer su mercado, sus Fuerzas Armadas o su Reserva Estratégica de Petróleo.
Es, en cierta forma, ampliar la seguridad energética sin ampliar el territorio, ya que la Casa Blanca afirma que millones de barriles de la nueva producción podrán procesarse en refinerías estadounidenses y que la operación utilizará equipos, infraestructura y servicios de ese país. Por eso el beneficio no se limita al precio de la gasolina: también puede traducirse en contratos para compañías de ingeniería, proveedores de maquinaria, operadores logísticos, refinerías, bancos de inversión y miles de trabajadores vinculados a toda la cadena energética.
El petróleo puede salir del subsuelo venezolano, pero una parte considerable del valor podría generarse y circular dentro de la economía estadounidense. Esta operación también tiene sentido por una razón de seguridad. La Administración de Información Energética de Estados Unidos registró que la Reserva Estratégica del país había bajado a unos 322 millones de barriles en junio de 2026, frente a más de 415 millones en febrero. En un contexto internacional marcado por conflictos, presiones sobre la oferta y volatilidad en el precio de la gasolina, asegurar acceso de largo plazo a 65.000 millones de barriles en el mismo hemisferio reduce la dependencia de proveedores más lejanos y de rutas comerciales expuestas a mayores tensiones geopolíticas.
Para Estados Unidos, entonces, el acuerdo puede ser leído como una inversión con varias capas de retorno: energía más cercana, petróleo a condiciones preferentes, influencia sobre una empresa privada, negocios para compañías estadounidenses, fortalecimiento de su reserva estratégica y mayor capacidad para responder ante futuras crisis.
Para Venezuela, la lectura es diferente
El país posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero tener un activo bajo tierra no equivale a tener riqueza disponible. El petróleo solo adquiere valor económico cuando existe la capacidad de extraerlo, procesarlo, transportarlo y venderlo de manera sostenible. Después de años de desinversión, sanciones, deterioro operativo, pérdida de talento y caída de la producción, Venezuela tiene reservas extraordinarias, pero no cuenta por sí sola con todo el capital y la tecnología necesarios para recuperar su industria.
NABEP ha planteado inversiones de hasta USD 100.000 millones en infraestructura petrolera, mientras el gobierno venezolano estima que el Estado podría recibir alrededor de USD 200.000 millones -la cifra anunciada inicialmente fue de USD 209.000 millones- en impuestos y regalías durante los primeros 25 años. La Asamblea Nacional respaldó el acuerdo señalando precisamente que recuperar la producción exige una cantidad de dinero y una tecnología que Venezuela hoy no posee.
Desde la lógica financiera, Venezuela está monetizando un activo que permanecía atrapado, ya que está aceptando compartir control y rentabilidad para convertir reservas inmóviles en inversión, empleos, producción e ingresos fiscales, pero compartir valor no significa necesariamente recibir un valor justo, y allí comienza la parte más incómoda de la conversación.
Los economistas están utilizando las cifras anunciadas inicialmente, que los ingresos fiscales equivaldrían a cerca de USD 3,22 por cada barril incluido en el acuerdo. Su cuestionamiento es que esta proporción sería demasiado baja frente al valor actual del petróleo e incluso frente a esquemas de regalías utilizados históricamente en Venezuela. Aunque este cálculo no representa necesariamente el flujo final de cada barril -porque depende de cuánto se produzca realmente, durante cuánto tiempo, cuáles sean los costos, el precio futuro, los impuestos y las condiciones contractuales-, sí plantea una pregunta legítima: ¿cuánto poder y cuánto valor está entregando Venezuela a cambio del capital que necesita?
Toda inversión exige comprender no solo cuánto dinero entra, sino qué derechos salen a cambio. Si una empresa recibe USD 100 millones, pero entrega el control permanente sobre su principal activo, no puede evaluar el negocio mirando únicamente el monto recibido. Debe calcular el valor de los flujos futuros, el tiempo de la concesión, el costo del capital, la participación en las decisiones y las alternativas disponibles, lo mismo ocurre con un país. Por eso este acuerdo no debería juzgarse únicamente desde el entusiasmo de los USD 100.000 millones de inversión ni únicamente desde la indignación de pensar que se está entregando el petróleo. Las dos posiciones simplifican una negociación mucho más compleja.
Venezuela necesita inversión porque durante años destruyó buena parte de su capacidad de convertir recursos naturales en bienestar, mientras que Estados Unidos necesita seguridad energética, influencia regional y petróleo cercano a sus refinerías. Uno tiene el recurso, pero no todo el capital; el otro tiene el capital, la tecnología y el mercado, pero busca asegurar el recurso, y esa complementariedad hace posible el acuerdo, aunque no garantiza que sea equilibrado. También existe una dimensión política que no puede ignorarse, pues Estados Unidos pasó de ejercer presión militar y económica sobre Venezuela a reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta interina y negociar directamente con su gobierno. Esto nos recuerda que los países no construyen relaciones internacionales sobre afectos, simpatías o coherencia ideológica, sino sobre intereses.
Cuando el activo es suficientemente estratégico, los enemigos encuentran una mesa
El petróleo se convierte así en una especie de garantía dentro de una negociación mucho mayor, en la que se mezclan la estabilización del país, la recuperación económica, la apertura al capital privado, la influencia estadounidense y una eventual transición democrática que todavía debe demostrar resultados verificables. Para quienes nacimos en Venezuela y hemos visto cómo un país inmensamente rico puede empobrecerse, este acuerdo genera sentimientos difíciles de ordenar: existe esperanza porque recuperar la producción podría significar empleos, infraestructura e ingresos para reconstruir servicios públicos, pero también existe desconfianza, porque conocemos demasiado bien la distancia que puede haber entre el dinero que recibe un Estado y el bienestar que llega a sus ciudadanos.
USD 200.000 millones en impuestos no transformarán automáticamente la vida de los venezolanos, y para que el acuerdo se convierta en desarrollo será necesario conocer los contratos, auditar los ingresos, vigilar cómo se distribuyen, fortalecer las instituciones y evitar que una nueva bonanza vuelva a alimentar corrupción, dependencia o gasto sin planificación, ya que el petróleo puede financiar la reconstrucción, pero no puede sustituir las instituciones que deben sostenerla.
Desde una mirada de inversión, el caso deja una lección poderosa: los activos estratégicos no son solo aquello que produce rentabilidad, sino aquello que otorga capacidad de negociación. Venezuela está negociando desde sus reservas; Estados Unidos, desde su capital, su tecnología, sus refinerías y su poder político. El resultado será favorable para ambos únicamente si Venezuela logra transformar inversión externa en capacidad interna y si Estados Unidos entiende que la estabilidad de largo plazo no puede construirse sobre una relación percibida como extracción o subordinación.
No nos equivoquemos con las fake news (noticias falsas) que indican que Venezuela será parte de Estados Unidos como su estado más, pero una parte de su petróleo sí quedará profundamente integrada a la estrategia energética, industrial y de seguridad estadounidense. La pregunta importante no es si Venezuela se convertirá en el estado 51, porque eso distrae de la discusión real, más bien el enfoque es cuánto valor conservará Venezuela, cuánto poder adquirirá Estados Unidos y si esta alianza permitirá que la riqueza enterrada bajo el suelo venezolano se transforme, finalmente, en oportunidades visibles sobre él.
La geopolítica también es una cartera de inversiones: cada país identifica sus activos, calcula sus riesgos, protege sus intereses y decide qué está dispuesto a entregar para conseguir lo que necesita. La verdadera rentabilidad de este acuerdo no se medirá solamente en barriles, impuestos o dólares, sino en la capacidad de Venezuela para recuperar su economía sin perder el control de su futuro.
Fuentes consultadas: Casa Blanca, Deutsche Welle sobre el anuncio, Deutsche Welle sobre la aprobación legislativa y Administración de Información Energética de Estados Unidos.
