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El momento en que una cooperativa se vuelve banco en Ecuador

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En Ecuador, el sistema financiero popular y solidario siempre ha tenido una misión clara: inclusión, proximidad territorial y crédito para segmentos que históricamente estuvieron fuera de la banca tradicional. Durante años, las cooperativas de ahorro y crédito fueron el puente entre los hogares de bajos ingresos y el acceso a servicios financieros básicos. Sin embargo, en la última década, especialmente entre las cooperativas del Segmento 1, esa misión ha convivido con un crecimiento acelerado que hoy las coloca frente a una disyuntiva estructural: seguir operando bajo un modelo cooperativo o dar el salto regulatorio y convertirse en bancos.

La discusión ya no es ideológica ni simbólica: es sistémica. La combinación de tamaño, complejidad operativa, captación masiva, diversificación de productos, exposición al microcrédito y niveles de morosidad crecientes está obligando al país a preguntarse si estas entidades pueden seguir funcionando bajo reglas diseñadas para organizaciones mucho más pequeñas. La Ley de Integridad Pública -primero anulada y luego reintroducida a través de la Ley Reformatoria del Código Monetario y Financiero- reabrió este debate: ¿qué cooperativas deben transformarse en bancos y bajo qué criterios?

La respuesta, inevitablemente, empieza por el Segmento 1.

Segmentos: no todas las cooperativas son iguales

Para entender la magnitud del ajuste, hay que partir de la estructura del sector:

  • Segmento 1: cooperativas grandes, con activos superiores a USD 1.000 millones, cobertura nacional, oferta de productos compleja, transformación digital avanzada y altos niveles de captación. Este segmento concentra cerca del 80% de toda la cartera del sistema cooperativo.
  • Segmento 2: cooperativas medianas, con menor exposición sistémica pero alto peso territorial.
  • Segmento 3: cooperativas pequeñas, profundamente locales, donde el modelo social y solidario se mantiene intacto.
  • Mutualistas: aunque no son cooperativas, participan en vivienda y ahorro y crédito bajo otro marco normativo.

El debate no recae en los segmentos 2 y 3, donde el modelo cooperativo sigue cumpliendo su función social. La discusión se concentra en el Segmento 1 porque estas entidades, por tamaño, alcance y operación, ya se parecen más a bancos que a cooperativas tradicionales. No se trata de una crítica al modelo cooperativo, sino de una constatación estructural: cuando una institución maneja más de USD 1.500 millones en activos, supera en tamaño al octavo banco del sistema financiero y atiende a cientos de miles de personas, el nivel de riesgo que transporta cambia, independientemente de su naturaleza jurídica.

El tamaño ya no calza con la regulación cooperativa

Los datos lo explican con claridad:

  • La cartera total de cooperativas pasó de USD 10.302 millones en 2018 a casi USD 20.000 millones en 2025.
  • El microcrédito representa cerca del 39% de la cartera y el consumo alrededor del 50%.
  • Varias cooperativas del Segmento 1 manejan volúmenes de activos comparables a bancos medianos del país.
  • Estas entidades ya operan con plataformas digitales, canales virtuales, tarjetas, transferencias, apps y procesos automatizados, evidenciando una clara transformación digital que va más allá del espíritu cooperativista original.

En términos simples: la regulación solidaria quedó pequeña frente al tamaño real de estas organizaciones. El modelo cooperativo tiene virtudes indiscutibles -votación democrática, cercanía territorial, foco social-, pero no fue diseñado para instituciones que gestionan volúmenes multimillonarios, captan depósitos a escala nacional y operan con estructuras tecnológicas y financieras equivalentes a las de un banco.

Del microcrédito al crédito empresarial: una señal clara del cambio de modelo

Uno de los síntomas más evidentes de esta transición silenciosa es la creciente presencia de crédito productivo empresarial y corporativo en los balances de varias cooperativas del Segmento 1, algo que no forma parte del espíritu cooperativista original. Existen casos concretos donde cooperativas han otorgado créditos millonarios a empresas medianas y grandes, como agroindustrias con ventas anuales superiores a USD 60 millones, con exposiciones individuales cercanas a los USD 3 millones. Este tipo de operaciones responde a lógicas propias de banca comercial y corporativa, no de economía popular y solidaria. Este desplazamiento del foco -del socio pequeño al cliente empresarial- refuerza la pregunta de fondo: si el modelo de negocio ya cambió, ¿por qué la regulación sigue siendo la misma?

De socios a clientes: el cambio estructural que implica volverse banco

Una cooperativa que se transforma en banco no solo cambia su razón social: cambia su arquitectura financiera.

En el modelo cooperativo:

  • Los dueños son los socios.
  • Cada socio tiene un voto, sin importar el capital aportado.
  • Las utilidades no se reparten como dividendos.
  • El fondo irrepartible pertenece al colectivo y no puede distribuirse.

En el modelo bancario:

  • Los dueños son accionistas.
  • Existen exigencias más estrictas de solvencia, liquidez, provisiones y gobierno corporativo.
  • La supervisión es más rigurosa, fortaleciendo la protección a los depositantes.
  • La gestión del riesgo es técnica y profesionalizada.

Cuando una institución maneja miles de millones, esta diferencia deja de ser teórica y se vuelve crítica.

Morosidad: el punto rojo que encendió el debate

La morosidad del sistema cooperativo sigue siendo el principal foco de preocupación:

  • Cooperativas: alrededor de 8,3%
  • Bancos privados: cerca de 3,2%
  • Microcrédito y productivo en cooperativas: más de 10%
  • En provincias como Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo, los niveles superan ampliamente el promedio nacional.

Para entidades de gran tamaño, la morosidad no es un problema aislado: es un riesgo sistémico.

El desbalance: captación que crece más rápido que la colocación

A marzo de 2025:

  • La cartera de crédito se contrajo.
  • La captación siguió creciendo.
  • El número de clientes y operaciones cayó.

Esto implica que las cooperativas están acumulando depósitos a un ritmo mayor que su capacidad de colocarlos sin deteriorar el riesgo, una situación que exige herramientas regulatorias más robustas.

El antecedente clave: ya ocurrió en Ecuador

Este debate no es nuevo. Ecuador ya vivió procesos de transformación de cooperativas en bancos. En 2014 existieron precedentes claros, como Coopnacional, que se transformó en banco bajo un proceso legal voluntario motivado por cambios normativos. El proceso incluyó:

  • Decisión de la asamblea de socios.
  • Cumplimiento de capital mínimo bancario.
  • Reforma de estatutos y cambio de naturaleza jurídica.
  • Transición de la supervisión de la  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) a la Superintendencia de Bancos.

Este antecedente confirma que la transformación es legalmente posible, aunque compleja, y que responde a momentos donde el marco regulatorio deja de ser coherente con el tamaño y riesgo de la institución.

El marco legal actual

La reciente reforma al Código Monetario y Financiero permite nuevamente esta conversión de forma voluntaria, aunque bajo criterios técnicos estrictos. La nueva Junta de Política y Regulación Financiera deberá definir requisitos, plazos y salvaguardas, siempre priorizando la protección de los depositantes. Uno de los puntos más sensibles sigue siendo el manejo del fondo irrepartible, que no puede trasladarse libremente a una nueva entidad bancaria y requiere soluciones jurídicas precisas.

Una transformación ordenada, no una sentencia

La evidencia es clara: cuando una cooperativa del Segmento 1 alcanza tamaños, riesgos y operaciones equivalentes a un banco, la regulación debe evolucionar. No es un ataque al modelo solidario, sino su adaptación responsable. El modelo cooperativo seguirá siendo esencial en los segmentos 2 y 3. Pero en el Segmento 1, la transición hacia estructuras bancarias más robustas puede fortalecer la estabilidad financiera del país, proteger a los depositantes y alinear riesgo con supervisión. Ecuador no puede esperar a una crisis para corregir estas brechas. Modernizar su arquitectura financiera es una decisión estratégica, no ideológica.

Fondo Real Fideval

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