El Ministerio de Economía y Finanzas presentó la Hoja de Ruta Económica 2026: certezas para la inversión y el crecimiento, un documento que busca enviar un mensaje claro a inversionistas, multilaterales y sector privado: el país está ordenando sus cuentas, recuperando acceso a mercados y estabilizando sus principales indicadores macroeconómicos. Más allá del discurso político, los datos muestran un giro importante en cuatro frentes: Riesgo País, reservas internacionales, sistema financiero y consolidación fiscal.
1. Riesgo país y retorno a mercados: el termómetro de la confianza
Uno de los indicadores más relevantes es la caída del riesgo país. El 27 de enero de 2026 alcanzó 413 puntos que es el nivel más bajo en más de una década; al 19 de febrero se ubicó en 467. Esta reducción está asociada a una emisión internacional de USD 4.000 millones y una operación de recompra de deuda. La emisión tuvo una demanda histórica de USD 18.000 millones, con rendimiento promedio de 8,9%, significativamente menor al 10,7% pagado en 2019.
Esto tiene implicaciones estructurales:
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- Menor costo financiero.
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- Mejor perfil de deuda.
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- Mayor capacidad de atraer inversión extranjera.
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- Liberación de recursos del sistema financiero local hacia crédito productivo.
Un elemento clave en este proceso de recuperación de confianza es la mejora en la calificación crediticia soberana. Moody’s elevó la nota del país de Caa3 a Caa1 lo que implica mejorar dos escalones completos dentro del mismo rango. No significa que Ecuador ya sea “seguro”, pero sí que el mercado lo percibe como menos riesgoso que antes, con perspectiva estable, lo que implica una reducción en la percepción de riesgo de incumplimiento. Aunque Ecuador aún se mantiene en grado especulativo, el salto de dos escalones dentro de la misma categoría refleja una evaluación más favorable sobre su capacidad de pago, manejo de deuda y liquidez externa.
En términos prácticos, esto significa que los inversionistas exigen menores tasas de interés para financiar al país, ampliando además el universo de fondos dispuestos a invertir en bonos ecuatorianos. La perspectiva “estable” indica que, bajo el escenario actual, no se prevén deterioros adicionales en el corto plazo. No es todavía grado de inversión, pero sí una señal concreta de que el mercado internacional percibe al Ecuador como menos frágil que en años anteriores; y en finanzas públicas, esa diferencia se traduce en menor costo de financiamiento y mayor margen de maniobra económica.
2. Reservas internacionales: el respaldo de la dolarización
Al 31 de diciembre de 2025, las reservas internacionales alcanzaron USD 9.795 millones (42% más que en diciembre de 2024). Al 13 de febrero de 2026 ascendieron a USD 11.859 millones, el nivel más alto desde el inicio de la dolarización . En un país atado a la moneda estadounidense, este dato es crucial. Las reservas no son solo un número: son la garantía de liquidez del sistema financiero y la señal de capacidad para enfrentar shocks externos. Mayor reserva implica mayor estabilidad cambiaria, menor presión sobre tasas y más confianza sistémica.
3. Sistema financiero: depósitos y crédito en expansión
Otro indicador que refuerza la lectura de estabilización macroeconómica es la evolución del sistema financiero. A enero de 2026, los depósitos en la banca privada alcanzaron los USD 60.112 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 13%. Este aumento no es menor: refleja mayor confianza de hogares y empresas en el sistema financiero, mayor liquidez interna y una base más sólida para la intermediación crediticia. En economías dolarizadas como la ecuatoriana, el dinamismo de los depósitos es un termómetro clave de estabilidad y expectativas.
En paralelo, la cartera total de crédito ascendió a USD 51.761 millones, con un crecimiento del 12% interanual. Sin embargo, el dato más relevante está en la composición de ese crecimiento: el crédito productivo alcanzó USD 24.147 millones, expandiéndose un 18%. Esto quiere decir que el financiamiento está destinado a actividades empresariales, inversión y generación de capacidad productiva crece a un ritmo mayor que el crédito agregado, lo que sugiere una orientación más marcada hacia la inversión y no únicamente hacia el consumo.
Esta dinámica puede tener implicaciones estructurales importantes. Si el Estado logra sostener el acceso a financiamiento externo en condiciones favorables, el sistema financiero local puede reducir su exposición al financiamiento del sector público y destinar una mayor proporción de recursos al sector privado. En ese escenario, se activa un círculo virtuoso: más crédito productivo impulsa mayor inversión; mayor inversión fortalece la capacidad productiva; y una mayor capacidad productiva eleva el crecimiento potencial de la economía. La clave será que este flujo de crédito se traduzca en proyectos rentables, generación de empleo formal y aumento sostenido de productividad.
4. Sector externo: exportaciones y balanza comercial
El desempeño del sector externo es otro de los puntos que muestran señales de recuperación. Las exportaciones totales pasaron de USD 34.421 millones en 2024 a USD 37.152 millones en 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 8%. En una economía dolarizada, donde no existe política cambiaria como herramienta de ajuste, el dinamismo exportador es clave para sostener liquidez, empleo y estabilidad macroeconómica.
Más allá del crecimiento agregado, lo verdaderamente relevante está en la composición. Las exportaciones no petroleras crecieron 18,3%, mientras que los bienes no tradicionales aumentaron 16,6% y los bienes industrializados 6,1%. Estos datos sugieren una leve pero significativa diversificación exportadora. Si bien el petróleo sigue siendo un componente estructural del sector externo, el mayor dinamismo proviene de sectores que agregan más valor y que, en el largo plazo, pueden reducir la vulnerabilidad frente a la volatilidad de los precios internacionales del crudo.
Este proceso no implica una transformación radical inmediata de la matriz productiva, pero sí evidencia un movimiento gradual hacia una estructura exportadora más equilibrada. Una mayor participación de bienes no tradicionales y manufacturados no solo diversifica riesgos, sino que también fortalece encadenamientos productivos internos, impulsa empleo formal y mejora la capacidad de resiliencia ante shocks externos.
En este contexto, la proyección de un superávit en cuenta corriente cercano al 6% del PIB en 2025 adquiere especial relevancia. Un saldo externo positivo de esa magnitud fortalece la posición internacional del país, mejora la disponibilidad de divisas y refuerza la sostenibilidad de la dolarización. En términos macroeconómicos, un superávit de cuenta corriente implica que el país está generando más recursos externos de los que demanda, reduciendo presiones sobre financiamiento y elevando la percepción de solvencia frente a inversionistas internacionales. El desafío hacia adelante será consolidar esta tendencia, asegurando que el crecimiento exportador no dependa únicamente de factores coyunturales, sino que responda a mejoras estructurales en productividad, competitividad y diversificación sectorial.
5. Crecimiento económico y perspectivas 2025-2029
El comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) como termómetro de la economía ecuatoriana, refleja el punto de inflexión que atraviesa la economía ecuatoriana. Tras una contracción de -2,0% en 2024, el crecimiento proyectado para 2025 alcanza 3,8%, lo que representa un rebote significativo. Este salto no necesariamente indica un cambio estructural inmediato, pero sí evidencia una recuperación importante luego de un año complejo marcado por restricciones fiscales, inseguridad y menor dinamismo productivo.
Sin embargo, el crecimiento proyectado para 2026 se modera a 1,8%, y hacia el período 2027–2029 se estima un promedio cercano al 2%. Esto sugiere que, una vez superado el efecto rebote, la economía volvería a su ritmo potencial histórico, que sigue siendo relativamente bajo para un país en desarrollo. La pregunta estructural, por tanto, no es si habrá crecimiento en 2025, sino si el país podrá elevar su crecimiento potencial por encima del 2% de manera sostenida.
Desde el lado de la demanda, el consumo de los hogares muestra una expansión de 6,4% en 2025, impulsado por mayor estabilidad financiera, mejora en el empleo adecuado y recuperación de confianza. No obstante, este dinamismo también tendería a normalizarse en los años siguientes. La formación bruta de capital fijo -indicador clave de inversión- también presenta recuperación tras la caída previa, lo que es relevante porque la inversión es el componente que determina la capacidad productiva futura. Sin inversión sostenida, el crecimiento se vuelve transitorio.
En materia de precios, la inflación se mantiene contenida, con una proyección cercana al 1,8% en 2026. Este comportamiento es coherente con el régimen de dolarización, que actúa como ancla nominal y limita presiones inflacionarias internas. Una inflación baja contribuye a preservar el poder adquisitivo y la estabilidad financiera, aunque también refleja un entorno de crecimiento moderado. En conjunto, el panorama macroeconómico muestra una economía que rebota con fuerza en 2025, pero que aún enfrenta el desafío de transformar esa recuperación en crecimiento estructural. La estabilidad está mejorando; la productividad y la inversión determinarán si esa estabilidad se convierte en desarrollo sostenido.
6. Pobreza y mercado laboral
Uno de los datos más sensibles -y socialmente más relevantes- es la reducción proyectada en los niveles de pobreza. Este indicador nacional disminuye de 28,0% en diciembre de 2024 a 21,4% en diciembre de 2025, lo que equivale a una reducción de 6,6 puntos porcentuales. En términos absolutos, esto representa aproximadamente 1,2 millones de personas que dejarían de estar en situación de pobreza, que es un número importante si calculas que la Población Económicamente Activa. Más allá del número, el dato refleja una mejora en ingresos, empleo y capacidad de consumo de los hogares, elementos fundamentales para sostener estabilidad económica y social.
La pobreza extrema también muestra una caída significativa, pasando de 12,7% a 8,3%. Esta reducción de 4,3 puntos porcentuales es particularmente relevante porque la pobreza extrema está asociada a condiciones de mayor vulnerabilidad estructural. Cuando este indicador se reduce, no solo mejora la estadística macroeconómica; también se alivian presiones sociales y se amplía el margen de cohesión interna.
El mercado laboral acompaña esta tendencia. El empleo adecuado —es decir, el que cumple condiciones formales y de ingresos suficientes— aumenta de 33,0% a 37,1%. Al mismo tiempo, el subempleo desciende de 24,5% a 17,4%. Esta recomposición sugiere una mejora en la calidad del empleo, no únicamente en su cantidad. La transición desde el subempleo hacia ocupaciones más estables tiene efectos multiplicadores: mayor formalidad implica mayor acceso a crédito, mayor seguridad social y mayor previsibilidad para los hogares.
Si estas tendencias logran consolidarse y no responden únicamente a un efecto rebote coyuntural, podrían convertirse en el soporte más importante del crecimiento interno. Una reducción sostenida de pobreza combinada con mejora en empleo adecuado fortalece el consumo de los hogares, dinamiza sectores productivos y contribuye a la estabilidad social. El desafío será sostener estos avances más allá del ciclo inmediato y convertirlos en un cambio estructural del mercado laboral ecuatoriano.
7. Deuda pública y consolidación fiscal
En el frente fiscal, el manejo de pasivos ha sido una de las herramientas clave para aliviar presiones de corto plazo. Según el documento oficial, las operaciones realizadas permitieron reducir la carga de pagos para 2026 en aproximadamente USD 698 millones. Esta cifra no solo representa un alivio contable; implica mayor margen de liquidez y menor presión inmediata sobre las finanzas públicas. En un contexto donde el acceso a mercados internacionales sigue siendo sensible al riesgo país, suavizar el perfil de vencimientos es una señal relevante de gestión financiera activa.
La estrategia fiscal planteada para 2026 apunta a consolidar esa estabilidad a través de varios ejes estructurales. Por un lado, se prioriza la racionalización del gasto tributario, es decir, la revisión de exenciones y beneficios que erosionan la base fiscal. Por otro, se busca contener el gasto corriente, particularmente en rubros rígidos que históricamente han limitado el espacio presupuestario. Al mismo tiempo, se plantea una priorización de la inversión pública, orientando recursos hacia proyectos con mayor impacto económico y social, junto con un fortalecimiento del control tributario para mejorar la recaudación sin necesariamente aumentar tasas impositivas.
El resultado global del Presupuesto General del Estado continúa mostrando déficit, pero con una trayectoria de reducción progresiva. Esto sugiere un proceso gradual de consolidación fiscal más que un ajuste abrupto. La sostenibilidad de este enfoque dependerá de mantener disciplina en el gasto, sostener el crecimiento económico y preservar el acceso a financiamiento en condiciones favorables. En términos macroeconómicos, la consolidación no se mide solo por eliminar el déficit, sino por lograr que la deuda pública mantenga una trayectoria descendente y que el Estado recupere margen de maniobra para enfrentar shocks futuros.
