El Premio Nobel de Economía 2025 fue concedido a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por examinar en detalle cómo la innovación impulsa el crecimiento económico persistente. En pleno 2025, el mundo atraviesa una transformación profunda: la inteligencia artificial, la automatización, la transición energética y los nuevos modelos de trabajo están redefiniendo la productividad. En este contexto, premiar la investigación sobre cómo la innovación impulsa el crecimiento económico sostenido no es una casualidad: es una señal clara de hacia dónde se está moviendo la frontera del desarrollo.
Durante décadas, las teorías clásicas del crecimiento se enfocaron en el capital y la mano de obra como motores del PIB. Pero hoy, el verdadero diferencial no está en cuántos recursos tiene un país, sino en cómo los usa para crear valor nuevo. La innovación —ya sea tecnológica, institucional o social— se convierte en el principal factor que explica por qué unas economías logran adaptarse y prosperar mientras otras se estancan.
El Nobel 2025 llega en un momento donde las economías enfrentan tres grandes desafíos: desaceleración del crecimiento global, brechas de productividad y presión ambiental. La innovación aparece entonces como la respuesta transversal que permite hacer más con menos, impulsar sostenibilidad y crear resiliencia económica.
Para América Latina y, especialmente, para Ecuador, el mensaje es claro: el crecimiento del futuro no vendrá solo de exportar más materias primas, sino de convertir conocimiento en productividad. Invertir en innovación no es un lujo académico, sino una estrategia de supervivencia económica en un mundo que cambia a ritmo exponencial. En palabras simples, el premio de este año no celebra solo a tres economistas, sino a una idea poderosa: que la prosperidad duradera se construye no con lo que tenemos, sino con lo que somos capaces de imaginar y crear.
¿Cómo la innovación impacta el PIB?
Invertir en innovación no es un costo meramente estético; tiene efectos reales en el crecimiento económico:
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- Productividad: nuevas tecnologías hacen que las empresas produzcan más con los mismos insumos.
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- Competitividad internacional: innovar permite exportar productos o servicios diferenciados.
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- Efectos multiplicadores: la innovación genera spillovers (difusión de conocimiento) que benefician a otras empresas, no sólo la que crea la innovación.
En los modelos de crecimiento endógeno, la innovación es uno de los factores que permite que el crecimiento no se estanque. De esta forma, países que invierten sistemáticamente en investigación y desarrollo, educación y en estructuras institucionales que protejan la competencia tecnológica tienen más posibilidades de elevar su PIB per cápita de forma sostenida.
La evidencia empírica global
Los trabajos de Aghion y Howitt —parte de la teoría del crecimiento endógeno— demostraron que la innovación tecnológica explica entre el 50% y 70% del crecimiento económico sostenido en economías avanzadas.
Esto significa que, en el largo plazo, la productividad derivada de la innovación pesa más que la acumulación de capital o la expansión laboral.
En términos prácticos:
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Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) cada punto porcentual adicional del PIB invertido en I+D (Investigación y Desarrollo) se asocia con un aumento promedio de 0,3 a 0,4 puntos porcentuales en el crecimiento anual del PIB per cápita a largo plazo.
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Países que invierten más del 2% de su PIB en innovación (como Corea del Sur, Alemania o EE. UU.) mantienen tasas de crecimiento estructural superiores al promedio mundial, mientras que los que invierten menos del 0,5% (como Ecuador o Perú) tienden a crecer más lentamente.
Cómo se mide
Los economistas usan el coeficiente de elasticidad de innovación, que relaciona la variación del PIB con la variación del gasto en I+D.
En promedio:
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Una elasticidad de 0,3 significa que si un país aumenta su inversión en innovación en 10%, su PIB crecería aproximadamente 3% más a largo plazo.
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Esta relación no es lineal ni inmediata: los efectos suelen verse entre 3 y 7 años después de incrementarse el gasto.
Por ejemplo, la OCDE (2023) estimó que Corea del Sur, con inversión en I+D del 4,9% del PIB, genera un retorno social de innovación cercano al 30% anual. En contraste, América Latina promedia apenas el 0,6% del PIB en I+D, lo que reduce su productividad potencial a la mitad de la de Asia Oriental.
¿Y en Ecuador? ¿Cómo puede desarrollarse este ecosistema?
Para que el modelo descubierto por Mokyr, Aghion y Howitt tenga impacto real en Ecuador, se requiere construir un ecosistema de innovación con varios componentes:
1. Marco institucional favorable
Las leyes, regulaciones y políticas públicas son la infraestructura invisible de la innovación. Si están mal diseñadas, pueden frenar la creatividad y hacer que las buenas ideas mueran antes de llegar al mercado. Por el contrario, cuando un país logra un marco legal moderno y coherente, la innovación florece porque existe certeza, incentivos y espacio para competir.
Proteger la propiedad intelectual no se trata solo de patentes o derechos de autor: es garantizar que quien invierte tiempo, talento y capital en crear algo nuevo pueda capturar parte del valor que genera. Sin esa protección, los innovadores carecen de seguridad para arriesgarse.
De la misma forma, facilitar la creación y el crecimiento de empresas tecnológicas es esencial. Procesos ágiles de constitución, acceso a capital de riesgo, impuestos proporcionales y marcos regulatorios adaptables hacen que las startups puedan escalar sin ahogarse en trámites.
Además, un ecosistema innovador necesita competencia real y abierta. Cuando los mercados están concentrados o dominados por actores protegidos, la innovación se vuelve innecesaria o incluso riesgosa. Por eso, las leyes deben incentivar la entrada de nuevos jugadores, garantizar la interoperabilidad digital y evitar prácticas monopólicas.
Finalmente, el mayor enemigo de la innovación es el miedo al cambio institucional. Eliminar barreras regulatorias que asfixian la creatividad —como permisos duplicados, licencias obsoletas o normas que no entienden la tecnología— no implica desregular, sino actualizar.
Un país que combina seguridad jurídica, competencia sana y apertura a lo nuevo crea el mejor terreno posible para que sus innovadores transformen ideas en valor económico y progreso social.
2. Educación y capital humano
Invertir en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) es mucho más que una política educativa: es una estrategia económica de largo plazo. Los países que hoy lideran los índices de innovación —como Corea del Sur, Finlandia o Israel— no lo hicieron solo por tener capital o infraestructura, sino porque construyeron una base sólida de capital humano altamente calificado.
Cuando un país apuesta por STEM, está invirtiendo en su capacidad de resolver problemas, de generar productividad y de crear valor en industrias emergentes. La formación técnica y científica permite desarrollar sectores estratégicos como la energía renovable, la biotecnología, la inteligencia artificial o la manufactura avanzada, que son los nuevos motores del PIB global.
Sin embargo, formar profesionales no basta: es clave fomentar el pensamiento crítico y la creatividad aplicada. La innovación surge cuando las personas son capaces de cuestionar, conectar ideas de distintos campos y diseñar soluciones distintas a los problemas de siempre. Eso exige sistemas educativos menos rígidos, que incentiven la experimentación, la curiosidad y el aprendizaje basado en proyectos.
A la vez, la economía moderna requiere formación continua. Las habilidades tecnológicas evolucionan más rápido que los títulos universitarios, por lo que los gobiernos y las empresas deben promover programas de reentrenamiento y actualización para que la fuerza laboral se mantenga relevante.
Finalmente, hay un componente cultural esencial: la motivación para emprender. La innovación necesita gente que no solo sepa, sino que se atreva. Fomentar la mentalidad emprendedora implica enseñar a asumir riesgos, tolerar el error y ver el fracaso como parte del proceso de aprendizaje.
Si Ecuador quiere desarrollar un ecosistema de innovación sólido, debe comenzar por aquí: invertir en su gente, fortalecer las bases STEM y crear entornos donde el conocimiento no sea solo teoría, sino la materia prima de su futuro económico.
3. Financiamiento de riesgo (venture capital, fondos verdes, capital semilla)
Los innovadores necesitan acceso a capital temprano: recursos que les permitan transformar una idea en un producto viable antes de generar ingresos. Sin este financiamiento inicial, la mayoría de los proyectos se quedan en el papel. El crédito bancario tradicional, por su naturaleza, no está diseñado para financiar riesgo ni incertidumbre. Los bancos exigen garantías, flujos comprobados y un historial crediticio estable, tres condiciones que un emprendimiento tecnológico o científico raramente puede cumplir.
Por eso, las economías que avanzan en innovación desarrollan ecosistemas de capital de riesgo —fondos de inversión, aceleradoras, “venture capital” y “angel investors”— que asumen el riesgo de invertir en ideas con alto potencial, sabiendo que muchas fracasarán pero unas pocas transformarán industrias completas. Este tipo de capital no presta dinero: invierte en talento y visión.
Los fondos de inversión especializados en tecnologías emergentes (energías limpias, inteligencia artificial, biotecnología, fintech, agrotech, etc.) cumplen un rol clave al conectar capital privado con oportunidades de desarrollo nacional. Además, funcionan como “termómetros” de innovación: orientan los recursos hacia sectores que pueden escalar y atraer más inversión extranjera.
Para Ecuador y América Latina, construir este tipo de mercado es urgente. Hoy, gran parte del financiamiento emprendedor proviene de fondos internacionales, lo que implica que las startups más prometedoras terminan mudándose o listándose en otros países, dejando al ecosistema local sin el retorno económico ni fiscal de su éxito.
El reto es doble: crear instrumentos financieros que asuman riesgo (como fondos semilla con participación pública-privada) y diseñar incentivos tributarios para inversionistas que apuesten por innovación local. Si el sistema financiero aprende a convivir con el riesgo —y no a huir de él—, podrá convertirse en un aliado real del desarrollo tecnológico.
En última instancia, invertir en innovación no es un gasto, es una apuesta por el crecimiento futuro. Las ideas que hoy parecen pequeñas pueden convertirse mañana en las nuevas fuentes de empleo, exportaciones y competitividad del país.
4. Conectividad y acceso tecnológico
Una infraestructura digital robusta es hoy tan importante como las carreteras o los puertos lo fueron en el siglo XX. Sin conectividad confiable, ningún país puede aspirar a un crecimiento inclusivo ni a una economía innovadora. El acceso a internet rápido, centros de datos eficientes y redes seguras es la base sobre la cual se construyen los nuevos sectores productivos: desde el comercio electrónico y la educación digital, hasta la inteligencia artificial y los servicios financieros basados en la nube.
Cuando la infraestructura digital falla o es desigual, también lo es el crecimiento. En Ecuador, todavía existe una brecha tecnológica profunda entre las grandes ciudades y las provincias del interior. Mientras Quito y Guayaquil concentran la mayoría de las startups, instituciones financieras y hubs tecnológicos, miles de emprendedores rurales o de ciudades intermedias operan con conexiones inestables, servicios limitados y costos más altos. Esa desigualdad tecnológica se traduce en una brecha de oportunidades: talento que no puede competir, ideas que no escalan y mercados que permanecen invisibles.
Cerrar esa brecha no se trata solo de tender cables o instalar antenas. Significa garantizar acceso equitativo, precios justos y capacidades digitales para toda la población. Requiere políticas públicas de inversión en infraestructura, alianzas con operadores privados y modelos de conectividad comunitaria que prioricen zonas rurales y productivas.
Un sistema de centros de datos nacionales y regionales también es vital. No solo reduce la dependencia de servidores extranjeros —protegiendo datos y soberanía digital—, sino que permite procesar información local con mayor velocidad, potenciando industrias como la agroindustria inteligente, la logística digital, la educación virtual o la salud conectada.
En última instancia, una red sólida y accesible democratiza la innovación: permite que un emprendedor en Loja, Ibarra o Pastaza compita en igualdad de condiciones con uno en Silicon Valley. Y esa es la esencia del crecimiento inclusivo: que el talento y las ideas no estén limitados por la geografía, sino potenciados por la tecnología.
5. Vinculación privada-pública-académica
La colaboración entre universidades, empresas y Estado es uno de los pilares más importantes de cualquier ecosistema de innovación sólido. Ningún país que haya alcanzado un crecimiento sostenido basado en conocimiento lo ha hecho de manera aislada: el progreso ocurre cuando la ciencia, la política pública y el sector productivo se conectan en torno a objetivos comunes.
Las universidades son el espacio natural donde nacen las ideas, la investigación y el talento. Sin embargo, cuando ese conocimiento no logra salir del aula o del laboratorio, su impacto económico es mínimo. Por eso, el desafío es convertir la investigación en innovación aplicada, es decir, en productos, servicios o procesos que generen valor real en la economía.
Aquí entra en juego el rol de las empresas. El sector privado es quien transforma la teoría en práctica, invierte en desarrollo y lleva la innovación al mercado. Pero para hacerlo necesita puentes: acceso a talento, tecnología y cofinanciamiento. De ahí la importancia de crear mecanismos de transferencia tecnológica, que permitan que una patente universitaria, un desarrollo científico o una idea de laboratorio se traduzcan en soluciones industriales o comerciales.
El Estado, por su parte, debe actuar como articulador y facilitador. Puede impulsar políticas de incentivos fiscales para la innovación, financiamiento de proyectos conjuntos, programas de compra pública innovadora o creación de zonas económicas especiales dedicadas a la investigación aplicada. Además, puede promover incubadoras y aceleradoras públicas-privadas, donde emprendedores y científicos trabajen junto a empresas consolidadas en el desarrollo de nuevos productos o tecnologías.
Los laboratorios comunes son otro punto clave. Estos espacios compartidos —equipados con tecnología de punta— reducen los costos de investigación, fomentan la colaboración interdisciplinaria y generan comunidades de aprendizaje entre empresas, estudiantes y expertos. En países como Chile o Colombia, estos modelos han demostrado que invertir en infraestructura científica colaborativa multiplica la productividad y acelera la creación de startups tecnológicas.
En Ecuador, fortalecer esta triple hélice (academia–empresa–Estado) puede ser el paso decisivo para transformar el conocimiento en motor económico. El país cuenta con talento académico, biodiversidad con potencial científico y sectores productivos en transición. Lo que falta es articulación y continuidad, para que las ideas no se pierdan entre instituciones, sino que se conviertan en innovación con impacto social y económico.
6. Sector público como cliente inicial
Cuando el Estado adopta tecnologías innovadoras, no solo mejora la eficiencia de sus servicios: activa el ecosistema de innovación nacional. En muchos países, el sector público ha sido el primer cliente estratégico de las startups y empresas emergentes, dándoles la oportunidad de probar, escalar y validar soluciones que luego conquistan el mercado privado.
La lógica es simple: el Estado maneja una enorme demanda de servicios en áreas como salud, transporte, educación, energía y administración pública. Si decide incorporar innovación en esos ámbitos —por ejemplo, mediante sistemas de gestión digital, inteligencia artificial para trámites, telemedicina, movilidad eléctrica o analítica de datos— puede generar un impacto doble: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y estimular la creación de industrias tecnológicas locales.
Este enfoque se conoce como “innovación pública abierta”, y se ha convertido en una estrategia clave para acelerar el desarrollo tecnológico. Gobiernos como los de Estonia, Corea del Sur y Chile han demostrado que, al convertirse en compradores tempranos de tecnología nacional, el Estado puede reducir riesgos para los emprendedores, atraer inversión y multiplicar el retorno económico de la innovación.
En lugar de depender exclusivamente de licitaciones tradicionales, los países más avanzados utilizan mecanismos de compra pública innovadora (CPI), que permiten adquirir prototipos, servicios o soluciones en desarrollo, con procesos más flexibles y evaluaciones basadas en resultados. Esto transforma al gobierno en un laboratorio vivo de innovación, donde las empresas emergentes pueden pilotear soluciones reales y escalar si demuestran efectividad.
En el contexto ecuatoriano, esta visión podría tener un efecto transformador. Si las instituciones públicas priorizan soluciones tecnológicas locales —por ejemplo, sistemas de trazabilidad agroindustrial, plataformas de bienestar financiero, o gestión digital de transporte y energía— se crearía un mercado inicial estable para startups nacionales, impulsando empleo calificado y desarrollo territorial.
Además, el Estado ganaría eficiencia y transparencia: tecnologías como blockchain, inteligencia artificial o big data pueden reducir costos administrativos, mejorar la rendición de cuentas y optimizar la asignación de recursos públicos.
En resumen, el Estado puede ser mucho más que un regulador: puede convertirse en el motor inicial de la innovación nacional, generando un círculo virtuoso donde cada solución pública adoptada crea capacidad tecnológica, conocimiento local y crecimiento económico sostenible.
7. Evaluación y medición de impacto
Crear indicadores de innovación es esencial para pasar del discurso al diseño de políticas efectivas. Lo que no se mide, no se gestiona; y lo que no se gestiona, no progresa. La innovación —por su naturaleza intangible— suele quedar fuera de los sistemas tradicionales de evaluación económica. Sin embargo, los países que lideran en desarrollo tecnológico y productividad han aprendido que medir el conocimiento es tan importante como medir el PIB o la inflación.
Contar con indicadores claros —como número de patentes registradas, gasto público y privado en investigación y desarrollo (I+D), número de startups tecnológicas por millón de habitantes, o participación de la economía digital en el PIB— permite entender si un país está avanzando o estancándose en su capacidad para crear y escalar ideas.
Estos datos ofrecen información valiosa para la toma de decisiones. Por ejemplo, si se observa un aumento en startups pero una caída en el gasto en I+D (Investigación y Desarrollo), podría significar que hay entusiasmo emprendedor pero poca base científica; si el número de patentes crece pero no las exportaciones de tecnología, probablemente exista un cuello de botella en la comercialización. En otras palabras, los indicadores de innovación son el termómetro que muestra dónde está el calor y dónde falta energía.
Además, medir la innovación no debe limitarse a lo tecnológico. También se pueden desarrollar indicadores de innovación social, educativa e institucional: programas públicos que incorporan tecnología, políticas que facilitan emprendimiento o mejoras en productividad dentro de sectores tradicionales como la agricultura o la industria textil.
La clave está en monitorear la evolución de estos indicadores en el tiempo, no como estadísticas aisladas, sino como parte de un tablero integral de política económica. Esto permite ajustar estrategias, reasignar recursos y detectar oportunidades emergentes. Países como Chile, Finlandia o Singapur actualizan sus tableros de innovación cada trimestre y los usan como guía para decidir dónde invertir, qué sectores promover y qué obstáculos remover.
En Ecuador, establecer un sistema nacional de indicadores de innovación —administrado por una alianza entre el sector público, universidades y el sector privado— podría transformar la manera en que se planifica el desarrollo. Sería una forma de poner evidencia y datos al centro de la política económica, identificar brechas regionales y evaluar el impacto real de programas como incubadoras, hubs tecnológicos o incentivos fiscales.
Medir la innovación no es burocracia: es la base de una estrategia inteligente. Porque solo con datos claros se puede construir una visión compartida de país, donde la creatividad, el conocimiento y la productividad sean parte de la misma ecuación de crecimiento.
La inversión apoya la innovación
En un país donde las ideas abundan pero el capital escasea, la inversión es el puente que convierte innovación en desarrollo. Apoyar al ecosistema emprendedor no significa solo financiar startups, sino crear mecanismos de liquidez y confianza que permitan a los innovadores concentrarse en construir y escalar. En este sentido, empresas como Fideval juegan un papel clave: canalizan ahorro hacia proyectos productivos, generan instrumentos de inversión transparentes y sostenibles, y ofrecen al sector privado la posibilidad de apalancar capital en iniciativas que diversifican la economía y promueven talento local. Cuando la inversión se alinea con la innovación, el país deja de depender únicamente de la extracción de recursos para sostener su crecimiento, y empieza a construir un nuevo modelo: uno donde el conocimiento, la creatividad y la confianza financiera se convierten en el motor del progreso ecuatoriano.
