Hablar de la economía ecuatoriana es, inevitablemente, hablar de petróleo. Desde hace más de cinco décadas, el crudo ha sido una de las principales fuentes de ingresos del país, un motor fiscal, un ancla de la balanza comercial y, al mismo tiempo, una fuente constante de volatilidad económica y política. Para un país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como Ecuador, el precio internacional del barril no es una cifra abstracta: es una variable que impacta directamente en el presupuesto del Estado, en los subsidios a los combustibles, en el déficit fiscal y, en última instancia, en la vida cotidiana de los ciudadanos.
¿Qué significa “el precio del petróleo”?
Cuando se habla del precio del petróleo, normalmente se hace referencia a marcadores internacionales, no al crudo específico que produce cada país. El más conocido es el WTI (West Texas Intermediate), un petróleo ligero y de alta calidad que se extrae en Estados Unidos y que sirve como referencia global. Otro marcador importante es el Brent, usado principalmente en Europa.
Ecuador no produce WTI. Produce crudos como el Oriente y el Napo, que son más pesados y tienen mayor contenido de azufre. Por esa razón, el petróleo ecuatoriano se vende con un descuento o “castigo” frente al WTI. Es decir, aunque el WTI cotice a USD 70 por barril, Ecuador recibe menos por cada barril exportado debido a la menor calidad de su crudo. Un barril equivale a 42 galones de petróleo, y cuando se exportan cientos de miles de barriles diarios, incluso pequeñas variaciones en el precio tienen efectos enormes en los ingresos del país.
La bonanza y la dependencia petrolera
Ecuador comenzó a explotar petróleo a gran escala en la década de 1970. Desde entonces, el crudo se convirtió en el pilar de la balanza petrolera, es decir, la diferencia entre lo que el país exporta en petróleo crudo y lo que importa en derivados (gasolinas, diésel, GLP). Durante décadas, los ingresos petroleros permitieron financiar gasto público, infraestructura y programas sociales. Pero también consolidaron una dependencia estructural: cuando el precio subía, el Estado tenía holgura; cuando caía, la economía entraba en crisis.
Crisis y desplomes históricos del precio
La historia petrolera de Ecuador está marcada por episodios de extrema volatilidad que han marcado una narrativa económica de bonanza y vacas flacas, que alimenta el presupuesto del Estado.
Finales de los años 90 (1999)
En plena crisis bancaria y antes de la dolarización, el país enfrentó un colapso financiero interno combinado con precios del petróleo deprimidos. Los ingresos fiscales se desplomaron y el Estado perdió capacidad de maniobra. Fue uno de los detonantes del colapso económico que llevó a la dolarización en el año 2000.
Crisis financiera global (2008–2009)
En 2008, el petróleo superó los USD 100 por barril, generando una fuerte expansión del gasto público. Sin embargo, tras la crisis financiera global, los precios cayeron abruptamente en 2009. El golpe fue directo a las finanzas públicas ecuatorianas, que dependían de esos ingresos para sostener el presupuesto.
COVID-19 (2020)
Este fue uno de los episodios más extremos de la historia petrolera. En abril de 2020, el precio del WTI llegó a cotizar cerca de USD 10 por barril, e incluso en ciertos momentos fue negativo en mercados de futuros. La demanda global se desplomó por los confinamientos, y el petróleo ecuatoriano fue arrastrado por esta caída histórica. El impacto fiscal fue inmediato y severo.
Recuperaciones parciales y nueva volatilidad (2023–2025)
Tras la pandemia, los precios se recuperaron gradualmente. En 2023, el WTI volvió a superar los USD 70 por barril, dando cierto alivio a las cuentas públicas. Sin embargo, esta recuperación fue irregular. Para 2025, el presupuesto del Estado se construyó con un precio referencial de alrededor de USD 62–63, aunque el mercado mostró fluctuaciones importantes y episodios de debilidad. Durante el último trimestre de 2025, el WTI inició octubre cerca de USD 61,78, alcanzó picos de USD 62,62 y luego cayó hasta USD 55,27 en noviembre. A mediados de diciembre, se estabilizó alrededor de USD 57,44, por debajo de las expectativas iniciales del mercado.
Producción petrolera: otro frente de tensión
El precio no es el único problema ya que la producción petrolera nacional también enfrenta desafíos estructurales. En el último trimestre de 2025, la producción combinada de EP Petroecuador y compañías privadas mostró un comportamiento irregular. A finales de octubre se alcanzaron picos cercanos a 475.000 barriles diarios, pero en noviembre la producción cayó drásticamente, llegando a poco más de 407.000 barriles diarios en su punto más bajo. Hacia diciembre, hubo una leve estabilización alrededor de los 464.000 barriles.
Estos vaivenes responden a problemas operativos, envejecimiento de campos, mantenimiento, conflictos sociales y limitaciones de inversión. Para un país que depende del petróleo, producir menos barriles cuando el precio es volátil amplifica el impacto negativo.
El castigo al crudo ecuatoriano
El crudo Oriente y Napo reciben un descuento frente al WTI por su mayor densidad y contenido de azufre. Este “castigo” significa que Ecuador siempre recibe menos ingresos por barril que los países que producen crudos ligeros. Por eso, incluso cuando el precio internacional sube, los beneficios fiscales son más limitados. Para compensar este castigo, el país necesita mayor eficiencia productiva, mejor infraestructura y, a largo plazo, diversificación económica.
Subsidios a los combustibles: una historia paralela
Uno de los capítulos más sensibles de la historia petrolera ecuatoriana es el de los subsidios a los combustibles. Desde 1974, el Estado subsidia derivados como la gasolina, el diésel y el gas licuado de petróleo. Estas políticas han tenido un alto costo fiscal y enormes repercusiones sociales. Durante los años 80 y 90, los precios en sucres subieron de forma constante. En 1992, por ejemplo, la gasolina Extra y el diésel llegaron a igualarse en 1.460 sucres por galón. En 1999, en plena crisis, los precios se dispararon a niveles históricos en moneda local.
Con la dolarización, los gobiernos intentaron gradualmente reducir los subsidios, con distintos enfoques y resultados:
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- Gustavo Noboa (2001): incrementos de hasta 25% por acuerdos con el FMI.
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- Lucio Gutiérrez (2003–2005): fuertes ajustes en gasolina y diésel.
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- Rafael Correa (2007–2017): precios casi congelados, con intentos de cambiar consumo de gas por electricidad.
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- Lenín Moreno (2019): eliminación de subsidios que derivó en un estallido social y la reversión del decreto.
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- Guillermo Lasso (2021–2023): congelamientos parciales y nuevas protestas.
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- Daniel Noboa (2024–2025): eliminación del subsidio al diésel y adopción de un sistema de bandas ligado a precios internacionales.
Un hito histórico: el diésel más caro que la gasolina
Diciembre de 2025 marcó un hecho inédito: por primera vez en la historia, el precio del diésel superó al de la gasolina Extra. La gasolina se fijó en USD 2,72 por galón, mientras que el diésel alcanzó USD 2,768. Este cambio tiene implicaciones profundas, ya que el diésel es clave para el transporte, agricultura y producción. Históricamente, su subsidio se mantuvo por su impacto en la actividad económica. El nuevo esquema refleja la presión fiscal y la dificultad de sostener subsidios en un país que cada vez importa más combustibles de los que exporta en crudo.
Ecuador y la OPEP: pertenencia con límites
Ecuador ha sido miembro de la OPEP en distintos períodos de su historia, entrando y saliendo según sus necesidades fiscales y productivas. Como productor relativamente pequeño, su capacidad de influir en los precios globales es limitada. Sin embargo, su pertenencia al cartel refleja la importancia estratégica del petróleo en su economía.
El dilema estructural
La evolución del mercado petrolero ecuatoriano muestra una constante: alta dependencia, alta volatilidad y bajo margen de maniobra. Cuando el precio sube, hay alivio temporal; cuando cae, el ajuste es inmediato. La calidad del crudo, los problemas de producción y el peso de los subsidios agravan esta fragilidad. El petróleo ha financiado al Estado, pero también ha postergado decisiones estructurales.
Hoy, a puertas del 2026, con precios volátiles, producción irregular y una balanza petrolera cada vez más ajustada, el país enfrenta una pregunta de fondo: ¿seguirá reaccionando al precio del barril o comenzará a construir una economía menos dependiente de él? La historia petrolera de Ecuador demuestra que el verdadero riesgo no es que el precio suba o baje. El riesgo es seguir dependiendo de algo que no controlamos.
